ANÁLISIS DEL MAPA

Se registraron 135 casos: 36 en Argentina, 33 en Bolivia y 66 en Chile. En Argentina, la mayoría de los casos se registró en la provincia de Jujuy y en Bolivia en el departamento Potosí, mientras que en Chile entre las regiones de La Araucanía y Los Ríos.

No solo hubo hallazgos significativos relativos a las divisiones administrativas, sino también relativos a territorios ancestrales: la mayoría de las campañas noviolentas se registró en el área de Wallmapu-Puelmapu, territorio ancestral mapuche entre Chile y Argentina. 

También, se observó que muchos casos eran relativos a áreas protegidas como parques nacionales, reservas o sitios RAMSAR.

Al analizar si los conflictos se encontraban activos o resueltos a 2020 para el total de casos, la proporción fue similar entre ambas categorías. No obstante, al analizar las tendencias por país, fue posible encontrar diferencias: Argentina y Chile compartieron una mayor tendencia a la resolución de conflictos, mientras que en Bolivia la tendencia fue hacia mantener los conflictos activos.

Para el total de casos, en la mitad de las campañas de resistencia civil se buscó la anulación de proyectos, tendencia que se repitió para Argentina y Chile, mientras que para Bolivia la tendencia principal apuntó a acciones más específicas (como dictaminar una ordenanza o modificar las condiciones de un proyecto). 

También, se analizaron objetivos más amplios como fin último de las campañas y el resultado fue contundente: en el conjunto de países y en cada uno de ellos las campañas noviolentas buscaron principalmente la protección del agua.

En Argentina también destacó la búsqueda del cumplimiento de normativa indígena, protección de ecosistemas, la reivindicación de la propiedad territorial y la evitación o remediación de la contaminación. En Bolivia también fueron relevantes los objetivos de la protección de la salud humana, el cumplimiento de normativa indígena, la protección del patrimonio y la cultura y el cumplimiento de normativa relativa a protección especial del área de explotación. En Chile, igualmente se identificó la búsqueda de cumplimiento de la normativa indígena, la protección de ecosistemas, la protección del patrimonio y la cultura, el cumplimiento de normativa ambiental, la protección de glaciares y la evitación o remediación de la contaminación.

De todas formas, un aspecto relevante que se observó, es que más allá de la existencia de grandes empresas internacionales, en los tres países hubo capitales de empresas nacionales involucrados. De hecho, en Chile en la mitad de los casos las empresas contraparte fueron nacionales privadas u estatales, sin evidenciarse asociación con empresas extranjeras.

En general, la mayoría de los procesos alcanzaron una intensidad media, siendo campañas visibles y masivas. Esta tendencia se repitió en Argentina y Bolivia, pero no en Chile, en donde la tendencia fue a la intensidad baja con campañas visibles exclusivamente a nivel local.

En cuanto al éxito, en general 1 de cada 4 casos fue exitoso, 1 de cada 3 en Argentina y Chile, y 1 de cada 13 en Bolivia.

Si bien en Argentina y Chile se evidenciaron mayores casos de éxito, se constató una ligera superioridad para los casos exitosos totales en Argentina respecto de Chile (+4,53%), por lo cual, se observaron algunas particularidades de dicho país: un asunto clave para la gestión de los conflictos socioambientales en Argentina fue la descentralización del país y relevancia de las divisiones administrativas para la toma de decisiones a diferencia de Bolivia y Chile, en donde se evidenció una mayor centralización en grandes ciudades y especialmente  en las capitales nacionales.